Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, ene (IPS) - Cerca de 300 mujeres mueren cada año en Argentina por causas prevenibles vinculadas al embarazo, el parto o el puerperio. La mayoría de los decesos se produce por aborto, una práctica muy difundida en el país pese a mantenerse como ilegal.
En Argentina se realizan entre 460.000 y 600.000 abortos por año, sostienen diversas investigaciones, lo que equivale a casi uno por cada nacimiento. Estos procedimientos, realizados al margen de la ley, no siempre se efectúan con las condiciones requeridas para evitar hemorragias e infecciones.
Según datos oficiales difundidos al finalizar el año pasado, en 2008 se produjeron 296 muertes maternas, 21 por ciento a causa de abortos inseguros. Se trata de un número alto, aunque sea inferior a los 306 casos del año anterior, y entre los decesos hubo cuatro niñas de entre 10 y 14 años y 39 adolescentes menores de 19.
El número de fallecimientos es de cuatro mujeres por cada 10.000 niños nacidos, y podría generar la idea de que es bajo. Pero no sólo se trata de muertes prevenibles sino que el porcentaje es dos veces y media superior al de Chile y al de Uruguay, que están apenas por encima de un deceso por cada 10.000 nacimientos.
Tanto el gobierno argentino como los expertos independientes que trabajan en estos temas admiten que a este ritmo es difícil que el país cumpla el nivel de reducción al que se ha comprometido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se trata de alcanzar para 2015 el mismo porcentaje de muertes maternas que tienen ahora Chile y Uruguay, en un compromiso que forma parte de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, acordados por los gobiernos en 2000 en el marco de la ONU, con plazos y metas que vencen ese año, tomando como base los indicadores de 1990.
Entre esos objetivos está erradicar la pobreza extrema, alcanzar la educación básica universal, promover la equidad de género, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, entre otros.
Un estudio del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, formado por diversas organizaciones no gubernamentales, indicó que entre 1980 y 2006 la mortalidad infantil bajó 61 por ciento en Argentina, mientras que las muertes maternas cayeron a una velocidad mucho menor –32 por ciento-- y casi no ceden en los últimos años.
De hecho, en 2001 las muertes maternas fueron 297, sólo una más de las registradas en 2008, y ya en 2006 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, advertía con alarma sobre el estancamiento del indicador materno, en contraste con las mejora del infantil.
LA MUERTE MATERNA, FUERA DE LA AGENDA
En diálogo con IPS, la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad –integrante del Observatorio-- denunció que a pesar de no requerirse de grandes inversiones para su reducción "la muerte materna no forma parte de la agenda política argentina".
"En Chile el aborto no está despenalizado, pero desde mediados de los años 60 hay allí una política de planificación familiar que no se interrumpió con la dictadura (1973-1990) y una red de atención primaria que funciona integradamente en la emergencia", analizó la experta, autora del estudio "Para que cada muerte materna importe".
En Uruguay, si bien el presidente Tabaré Vázquez vetó en noviembre de 2008 una ley que legalizaba el aborto, la mayoría de la población accede al sistema de salud, hay consejerías sobre anticoncepción, y las mujeres se volvieron cada vez más concientes sobre las prácticas de prevención del embarazo, explicó.
Romero, al igual que otras expertas consultadas, calificó de "débil y poco visible" el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, puesto en marcha en Argentina en 2003 para prevenir embarazos mediante la provisión gratuita de anticonceptivos.
En los hechos, sigue habiendo un alto porcentaje de abortos inseguros, en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo sólo es permitida legalmente en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro.
"No hay una política pública clara y explícita que tome el tema de las muertes maternas como prioridad", afirmó la médica. "Para bajar las muertes, el programa debe ser visible, debe contar con insumos, con recursos humanos capacitados, y debe ser monitoreado". "Si no hay voluntad política, pierde visibilidad", advirtió.
A raíz de la publicación en diciembre de las nuevas cifras de muerte materna, el ex ministro de Salud Ginés González reconoció que "es el indicador más estancado de todas las metas del milenio", y que ese estancamiento "equivale a un fracaso". "Las estrategias para reducirlas no son suficientes", criticó.
Por su parte el actual subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González, reconoció que no se llegará a la meta de 2015 en este rubro, pero afirmó que el Ministerio de Salud se propuso llegar a 2011 con una tasa de muertes maternas reducida en un tercio, es decir, de 3,3 por cada 10 mil nacimientos.
"No se ha trabajado intensamente en cuatro puntos fundamentales", admitió en una especie de autocrítica. Y mencionó la falta de bancos de sangre para atender hemorragias, la dificultad para detectar tempranamente casos de hipertensión, la falta de tratamientos oportunos frente a infecciones, y la reducción de daños por aborto.
"Sesenta por ciento de los embarazos de la población no son deseados", reveló. Aunque no lo mencionó, este dato está directamente vinculado a fallas en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que sería el encargado de prestar insumos y servicios para evitar estos embarazos no deseados.
En materia de reducción de daños por abortos inseguros, existe un guía para la atención de los casos en que las mujeres llegan al hospital con la interrupción del embarazo ya iniciada, pero aún así, el porcentaje de abortos que termina en la muerte de las mujeres es alto: casi 21 por ciento en 2008.
Si se estudian los casos por provincia, se observa que en algunos distritos donde el acceso a los servicios de salud está más dificultado, las prácticas de aborto más que duplican el promedio nacional. En Entre Ríos 44,4 por ciento de las muertes maternas en 2008 fueron por aborto y en Chaco 39 por ciento.
"Es un escándalo", dijo a IPS Marta Alanis, presidenta de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir que forma parte del consejo asesor que trabaja junto al programa de Salud Sexual del gobierno nacional.
"El programa tiene grandes fallas", advirtió. "Debe lidiar con obstáculos tales como falta de insumos, dificultades burocráticas o administrativas que enmascaran trabas de tipo ideológico", explicó. "Muchos funcionarios pretenden gobernar o legislar en base a sus creencias religiosas y algunos médicos también actúan así en su práctica", dijo.
A modo de ejemplo señaló que en un centro de salud de Córdoba, su provincia, hay un cartel que informa que no se proveerá de métodos anticonceptivos a las mujeres que no se hayan realizado una citología, un test de control para la prevención del cáncer de cuello de útero.
"Si las mujeres fueran atraídas por programas más amigables, que las contengan, muchas de estas muertes se podrían evitar, pero así las expulsan", denunció.
"Hay que hacer un esfuerzo de educación sexual para evitar los embarazos no deseados, garantizar la realización del aborto en los casos en que no es punible y exigir la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo", puntualizó Alanis.
"Solo así se reducirán las muertes maternas por abortos inseguros, que recaen siempre sobre las mujeres más pobres", advirtió.
Fuente: IPS
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