Por Sonia Santoro 14.4.2010 En la presentación del informe de población del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) el acceso a los derechos sexuales y reproductivos tomó protagonismo. Allí la funcionaria del Ministerio de Salud Paula Ferro adelantó que a fines de abril estará disponible una guía de aborto no punible.
El informe 'Análisis de la Situación de Población en Argentina' se presentó a fines de marzo en Junín 1940 con la presencia de Eleonor Faur, Oficial de Enlace de UNFPA Argentina; María Cristina Cacopardo, Directora de Maestría de Demografía de la Universidad de Luján; Julieta Rizzolo, Directora Nacional de Población del Ministerio del Interior; Martín Moreno, investigador del CENEP y coordinador del informe; y Paula Ferro, directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
'Celebro este esfuerzo de trabajo y discusión. Sí nos plantea un desafío en cómo podemos visibilizar las instancias de libertad de los sujetos', señaló Ferro. 'Nos queda mucho por hacer desde el Estado: cómo se garantiza que pueda llegar una batería de anticonceptivos en libertad. Nos queda fortalecer los canales y los momentos donde las políticas se transformen en acciones y no queden mediatizadas por la ideología o por creencias', apuntó.
El informe destaca que 'el 93 por ciento de las mujeres argentinas sexualmente iniciadas usaron alguna vez métodos anticonceptivos y poco más del 79 por ciento de estas iniciaron el uso antes de tener su primer hijo'. Aunque advierte que si bien una alta proporción utiliza métodos anticonceptivos 'se desconoce la frecuencia, consistencia y efectividad de este uso'.
En cuanto a la mortalidad materna, contiene la última información disponible. Un 29 por ciento de estas muertes en 2006 se debieron a complicaciones de aborto, que es la principal causa de muerte materna en el país desde hace 15 años.
Se estima, por otro lado, que anualmente se realizan en el país entre 372 y 522 mil abortos. Estos números son estimados ya que como el aborto inducido es ilegal en el país, su magnitud solo puede estimarse por medios indirectos.
En este sentido, consultada Ferro sobre las políticas que hay ante el incumplimiento de la ley que exime de penalizar a quien aborta (artículo 86 del Código Penal), informó que la guía de aborto no punible realizada durante la gestión de Ginés Gonzalez García está vigente pero no se ha distribuido todavía, como es de público conocimiento. Pero adelantó que la están actualizando y prevén que esté lista a fines de abril para su distribución en todo el país.
La guía aclara que el aborto es legal en cuatro circunstancias, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal: en casos de peligro para la vida de la mujer; en los casos de peligro para la salud de la mujer; cuando el embarazo sea producto de una violación; cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente.
Se pretende que con ella se eviten exigencias arbitrarias a las mujeres para poder realizarse un aborto y que los médicos dejen de recurrir a la justicia para realizar una práctica médica que está amparada por la ley desde 1922. Una medida sumamente necesaria porque en todo el país se siguen judicializando casos de chicas o mujeres que deciden abortar en el marco de esas circunstancias (hubo dos casos recientes en Río Negro y Chubut) y aún en distritos que en algún momento han sido de avanzada en materia de salud sexual y reproductiva, como el de la ciudad de Buenos Aires, las trabas se siguen reproduciendo.
En la Legislatura porteña desde 2008 que está dando vueltas un proyecto impulsado por Diana Maffía, Gabriela Alegre y Juan Cabandié para establecer un protocolo de atención de los casos de aborto no punibles contemplados en el artículo 86 ya citado, pero el macrismo viene votando su archivo. Este año el proyecto volvió a presentarse en marzo con la firma de 23 diputados y diputadas de diferentes bloques. Sin embargo la semana pasada se le agregó un nuevo giro, lo que se lee como una traba a su aprobación. El proyecto había sido girado en principio a las comisiones de Mujer, Salud y Justicia pero el macrismo pidió que sea girado además a Asuntos Constitucionales. El punto –que deberá definirse en una próxima sesión de la legislatura- es crucial para determinar la sobrevida del proyecto.
